Si alguna vez hubo alguna duda, ha quedado despejada la propiedad de tres emisoras: M24 Montevideo con sus retransmisoras en Maldonado y Colonia. Se confirma por Gustavo Gomez Director ejecutivo de OBSERVACOM -además de las declaraciones públicas de Lucía Topolanski- que estas emisoras pertenecían al MPP sector mayoritario dentro del Frente Amplio, de donde proviene el actual presidente Yamandú Orsi.
El despido de 40 trabajadores no habría sido reclamado por sus posibles compradores, multinacional de la comunicación vinculado con sectores de la ultraderecha Mileista. En una muestra de Liberalidad económica el desprendimiento da por tierra principios sobre los que durante el período del Gobierno de Mujica se asentaron legislaciones. Concentración y extrangerización de medios promovido por la izquierda abre interrogantes profundas sobre la deriva ideológica del Gobierno.
Entrevista a Gustavo Gomez - ObservaCom
Esta situación demuestra cómo los procesos de compra, venta y adjudicación de frecuencias han estado atravesados por intereses políticos, económicos e ideológicos estas operaciones han puesto de manifiesto la persistente debilidad de los mecanismos de transparencia y la influencia de actores partidarios en la estructura mediática del país.
La trayectoria de M24, originalmente vinculada al entorno político del Movimiento de Participación Popular (MPP) desde su origen, se posicionó como un medio alternativo, cercano a la izquierda y crítico con los grandes grupos económicos. Su venta despertó debate por el contraste entre las intenciones fundacionales y la eventual transferencia hacia empresarios con otros intereses, incluso extranjeros, en un contexto donde la concentración y extranjerización de medios generan no toman centro en el debate público.
Para analizar estos movimientos, es necesario recordar los antecedentes de adjudicación de frecuencias durante gobiernos anteriores. Uno de los episodios más cuestionados fue la distribución de radios FM durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, donde surgieron críticas por presuntos favoritismos y vínculos familiares: entre ellos, la relación con su hijo, que participaba en emprendimientos mediáticos beneficiados por decisiones del Ejecutivo. Estos hechos despertaron sospechas sobre uso discrecional de recursos públicos para favorecer círculos próximos al poder político.
Los criterios de adjudicación de esa época contrastan con el espíritu que años más tarde se buscó consagrar mediante la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) impulsada en el período de gobierno de José Mujica. La norma proponía límites a la concentración, mayor pluralismo y restricciones a la propiedad extranjera, intentando corregir prácticas previas marcadas por favoritismos y falta de concursos transparentes.
Sin embargo, la posterior parálisis, judicialización y finalmente desarticulación de la Ley de Medios durante el Gobierno de Lacalle Pou dejó sin resolver muchos de los problemas que la norma intentaba abordar. Es en este escenario ambiguo en el cual un movimiento como este- la venta de M24 o la entrada de capitales extranjeros en radios — parecen contradecir el espíritu regulatorio que en su momento impulsaron sectores del propio Frente Amplio.
Resulta especialmente llamativo que actores políticos que anteriormente denunciaban concentración mediática o interferencias indebidas en la adjudicación de frecuencias, hoy aparezcan directamente vinculados a procesos que habilitan la venta de medios a conglomerados con intereses alejados del proyecto político original. Esta contradicción se evidencia en discursos que, si bien siguen criticando la concentración, no logran explicar la coherencia entre principios ideológicos y decisiones empresariales recientes.
En el caso de Montevideo, Maldonado y Colonia, la expansión de grupos propietarios que operan en varios departamentos, a veces con capitales de origen extranjero, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del pluralismo local. Las pequeñas emisoras, originalmente orientadas a identidades y problemáticas regionales, pierden autonomía editorial ante la centralización de contenidos, transformándose en repetidoras de intereses ajenos al territorio.
Esta historia, desde la adjudicación bajo Sanguinetti, la posterior regulación impulsada bajo Mujica y las operaciones de compra y venta actuales muestran un hilo común: la tensión entre el discurso sobre democratización de los medios y la práctica concreta de actores políticos y económicos. La posible extranjerización y concentración que hoy se observa representa no solo un desafío regulatorio, sino también una prueba para la coherencia ideológica de quienes alguna vez defendieron una comunicación más plural, transparente y verdaderamente pública.
