Declaración conjunta por el DÍA DEL AGUA

No estamos solos ni aislados, esta es una lucha unida que libran los pueblos del mundo. En el marco del Día Internacional del Agua, es necesario indicar que el Uruguay vive una crisis sin precedentes sobre la calidad del agua disponible y su mala distribución. La gravedad de esta crisis en sus múltiples dimensiones no está siendo comprendida por el actual gobierno, en algunos casos la está profundizando, y los actores político partidarios en general no asumen los liderazgos necesarios para encaminar soluciones.

En el año 2004 el 64,7% de la ciudadanía Uruguaya votó la Reforma Constitucional que consagra el agua y el saneamiento como derechos humanos fundamentales y establece, de forma inequívoca, que los y las habitantes tenemos el derecho a participar en la gestión de nuestros bienes comunes hídricos. Desde entonces todos los gobiernos han violado sistemáticamente el artículo 47, poniendo por encima de la Constitución la ley 17555, de Inversión y protección público privado y ahora también bloquean nuestros reclamos en Fiscalia General de la Nación y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Las principales cuencas del país están comprometidas por el extractivismo y la contaminación como resultado del sistema de producción agroindustrial y la falta de control en los vertidos urbanos, sin excepción. Se encuentran sitios con contaminación de media a alta en la cuenca del Río Uruguay, en la del Río Negro, incluyendo sus subcuencas como la del Río Tacuarembó, en la del Santa Lucía y otros tributarios platenses, e incluso en las lagunas litorales del este como la Laguna Merin donde se encontraron mas de 92 tipos de agrotóxicos utilizados en la producción de arroz y soja.

La situación es particularmente alarmante en la cuenca del Río Santa Lucía, según la información del propio Ministerio de Ambiente que interviene sin eficiencia desde el año 2013. Las medidas para detener ese deterioro y para encaminar una restauración ambiental han sido, no solo insuficientes sino inadecuadas.

Se registran deterioros ecológicos asociados a la tala del monte nativo en las orillas de los cursos de agua, obras de desecación en humedales, quema de pajonales, esteros, etc., mientras que las declaraciones de autoridades estatales parecen encaminarse a dejar morir esa cuenca.

Exigimos que la cuenca del Río Santa Lucía se declare libre de agrotóxicos yforestación industrial, y se implemente un plan de restauración real de la cuenca y su recategorización a nivel 1 por la importancia que esta representa en el abastecimiento de agua potable.

La situación de sequía reciente, que desembocó en el colapso de la disponibilidad de agua potable en varias ciudades en 2023, y que especialmente golpeó al área metropolitana de Montevideo, reveló muchos otros problemas. La OSE no actuó adecuadamente ante esta sequía con un plan de restricciones y racionamiento para las grandes empresas y sin garantizar el agua potable para la población.

Que la zona metropolitana tenga agua por coyuntura climática no significa que se esté haciendo algo desde los organismos estatales. Los Ministerios de Ambiente y Salud Pública, suplantaron las exigencias de agua potable por la de “agua bebible”, violando los contratos de OSE con sus usuarios, y la normativa sobre calidad de agua; y finalmente, URSEA, la agencia encargada de velar por la calidad del agua y advertir tempranamente a la población de cualquier
incumplimiento, no actuó con rapidez ni  independencia. La sequía sigue, especialmente al este del arroyo Pando.

Un año después de esa experiencia, no se conoce que ni OSE ni el Ministerio de Ambiente hayan elaborado un plan para enfrentar otra emergencia en el agua potable. Tampoco se informa sobre un plan para resolver la vergonzosa situación de pérdida de aproximadamente el 51% del agua potable en la red de  Montevideo. Se presenta en cambio, como alternativa, el Proyecto Neptuno. Una toma de agua en el Río de la Plata en la localidad de Arazatí (departamento de San José). Esa iniciativa, que solo aportaría el 23% del agua necesaria, es rechazada por casi toda la comunidad académica, se ha alertado sobre los riesgos de la calidad del agua de ese sitio, que incluyen largos episodios de salinidad y ocurrencia de cianobacterias, especialmente cuando más agua se necesita, que es en verano.

El gobierno insiste en aprobar un emprendimiento, que obligaría a OSE y por lo tanto al pueblo uruguayo a pagar más de 800 millones de dólares a un consorcio de empresas privadas.

Mientras no se atiende adecuadamente la protección de los bienes comunes hídricos, evitándose su contaminación, el gobierno también insiste en distintos proyectos que en los hechos descansan en una apropiación masiva del agua. El caso más reciente son las iniciativas del llamado “Hidrógeno Verde”, que en su esencia dependen de masivos volúmenes de agua.

La proyectada hidrovía en la cuenca de la Laguna Merín se plantea con intereses meramente privados para profundizar un modelo de producción altamente contaminante y acaparador de suelos y de agua, donde se pretende explotar el territorio con hasta 1.000.000 de hectáreas de forestación, 800.000 hás de soja transgénica, y casi triplicar el área actual destinada a la producción de arroz, todos ellos con usos intensivos de agrotóxicos. Un modelo que genera graves problemas de salud en la población y deteriora el agua y la biodiversidad no es lo que pretendemos para una cuenca tan rica y valiosa para la vida en nuestro territorio, que representa la segunda reserva de agua dulce superficial más importante de Sudamérica.

¡No a la autopista, cuidemos el agua!

Desde hace unos meses la comunidad de las cuencas de la Laguna del Cisne y del Arroyo Pando está preocupada y movilizada por el Proyecto de Autopista de iniciativa privada, anunciado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en Atlántida en la Comisión de Cuenca de diciembre de 2023.

Este proyecto de autopista pone en riesgo el ecosistema de Laguna del Cisne, principal fuente de agua potable para 150.000 personas de Costa de Oro. Arrasaría con los bañados y monte nativo del Arroyo Pando y la cuenca de la Laguna del Cisne, área en riesgo hídrico, cautelada desde el 2016 y protegida por el Plan de Ordenamiento Territorial, que la declaró “zona de conservación y valorización ecosistémica” estableciendo medidas de protección ambiental.
Estas medidas entre otras cosas, exigieron la reconversión a producción agroecológica.

El trazado previsto parte a la mitad la cuenca de la Laguna del Cisne, impidiendo el natural funcionamiento hidrológico, poniendo en alto riesgo su delicado equilibrio ecosistémico y disponibilidad de agua en cantidad y calidad para la Usina de OSE de Laguna del Cisne.

Solo con la lucha frenaremos este nefasto proyecto. La vida de las y los hijos e hijas no es negociable. La tierra y el agua no se negocian. El patrimonio es de todas y todos. No lo entregaremos.

La pesca artesanal se ve afectada por la contaminación y por la falta de una adecuada recolección y gestión de residuos, descontaminación de aguas de la red de saneamiento, mantenimiento de cañadas, ríos y arroyos contaminados por cientos de toneladas de residuos sólidos, agrotóxicos, químicos y metales pesados provoca la contaminación de los peces y desaparición de la pesca y su fauna autóctona en el estuario del Plata. A esto se suma la sobrepesca con técnicas depredadoras, como la pesca industrial con arrastre, provocando la desaparición de la vida acuática en océanos, ríos y arroyos, alterando dramáticamente los ecosistemas.

También hay una mala implementación de las vedas pesqueras por parte del Estado. Si bien los Consejos Zonales de Pesca son la única herramienta de participación de las familias de pescadores artesanales del país, no son vinculantes y las autoridades optaron por su vaciamiento. Esto afecta gravemente el sustento de las y los pescadores artesanales, base de nuestra soberanía alimentaria.

La comisión por un Canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua, que comenzó su lucha en 2016, y conquistó en 2019 la prohibición de plantación de soja transgénica en los alrededores de sauce y 11 municipios más, denuncia que en la actualidad, poderosos sojeros continúan desconociendo la ley, en la aplicación de un modelo depredador que todo lo contamina y enferma: ser humano, tierra y todo curso de agua.

El país ya cuenta con 1.200.000 hectáreas de plantaciones forestales y tres plantas de procesamiento de celulosa que utilizan millones de litros de agua dulce diariamente y la devuelven contaminada. Seguiremos denunciando frente a las instituciones responsables cada crimen ambiental como el cometido por UPM en el Arroyo Sauce por el vertido de casi 1.000.000 de litros de soda cáustica que costó la vida de todo el ecosistema en su flora y fauna y si bien fuimos recibidos por la comisión de ambiente del senado con una denuncia firmada por 70 organizaciones esto parece que cayó en saco roto porque solo logró ampliar la multa de 40.000 a 182.000 dólares. Y nos preguntamos ¿cuánto vale la vida para estas empresas, y para las instituciones que deben protegerla? Es momento de comprender la interdependencia, no es posible el sostén y la reproducción de la vida cuando se afecta de manera irreversible un componente básico del ecosistema como el agua.

Este es un conflicto entre el capital y la vida. Seguir insistiendo en ese tipo de  desarrollo, a costa del agua, carece de sentido. Asimismo, los mecanismos de participación ciudadana en las comisiones de cuenca, no están operando adecuadamente y no garantizan que las opiniones ciudadanas sean tomadas en cuenta. Sólo citan por cumplimiento legal para escuchar y siguen con sus planteos sin tener en cuenta las demandas de la ciudadanía.

Exigimos a DINAGUA que se convoque a sesionar a las comisiones de cuencas activas como la comisión de cuenca del Cebollatí y que se formen las comisiones de cuenca del Río Tacuarí y Arroyo Sauce en Arazatí. Que se cumplan también las demandas presentadas por las comisiones de cuenca, como el monitoreo de la calidad del agua del Río Yí por los efluentes del vivero de UPM.

Todo indica que estos y otros problemas se agravan a medida que se profundiza el modelo irracional de crecimiento económico que contribuye al cambio climático. Se esperan eventos climáticos extremos, por déficits hídricos, como por lluvias torrenciales, lo que requiere medidas de adaptación y gestión de los bienes comunes hídricos, que por ahora no se están tomando. Entre ellas un estudio adecuado para el mejor abastecimiento de la zona metropolitana que fue pedido en la comisión de cuenca del Río Santa Lucía.

Es por situaciones como éstas que el país se enfrenta a una crisis hídrica que es cada día más grave. Al mismo tiempo, la mayor parte de la clase política y el Estado no sólo no responden adecuadamente a esta situación, sino que parecen no comprenderlo o lo niegan. Se contradice el sentido del artículo 47 de nuestra Constitución, que considera que el agua es un bien natural esencial para la vida, que su acceso así como al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales y que es competencia del Estado garantizar a la población dichos servicios por encima de cualquier interés económico. Sus modelos de desarrollo no son los nuestros.

No nos olvidamos de la Ley de Riego y seguimos denunciando que es un atropello contra el derecho humano de acceso al agua, porque permite embalsar agua proveniente de los cursos naturales y venderla para el uso de grandes productores privados. Hasta el momento se llevan realizados más de 160 embalses a partir de la aprobación de la ley. Los grandes acaparadores de tierra son también acaparadores de agua, a los malla oro nunca les faltó el agua. Los represamientos son parte del  oportunismo de privados que impiden la llegada de agua de lluvia a ríos y arroyos, reduciendo el caudal quedando las grandes empresas con el agua de cursos naturales.

¡Rechazamos la criminalización de la protesta social, que pretende impedir que defendamos nuestros derechos, castigar los reclamos sociales y que nos opongamos a la explotación de nuestros territorios y de nuestras vidas!

Es necesario que el Estado deje de apoyar a los grandes productores de monocultivos contaminantes y promueva la agroecología y sus propuestas reales y concretas a la crisis sistémica y al cambio climático para promover la alimentación sana y sustentable. Para ello es necesario asignar un presupuesto suficiente para el Plan Nacional de Agroecología, priorizar el uso del agua para pequeños productores y generar condiciones suficientes para el acceso a la tierra y el repoblamiento de la ruralidad, donde el Instituto Nacional de Colonización es un actor clave. Otra razón más para implementar límites a los monocultivos extensivos a base de agrotóxicos, que terminan haciendo imposible la producción orgánica, expulsando a pequeños productores, acaparando más territorio, y profundizando la desigualdad social y la migración a la ciudad.

Escuchen bien gobernantes, Instituciones financieras que recetan neoliberalismo, empresas y capitales especulativos que lucran con este preciado bien, ¡el agua es bien común que debe pertenecer a nadie y pertenecernos a todos y todas! Escuchen bien, ¡este pueblo es soberano y exige respeto! Estamos plantados en la defensa del agua como fuente de vida innegociable, como derecho humano
fundamental en el presente y para el futuro.

Las organizaciones abajo firmantes consideramos que esta situación exige un inmediato cambio de actitud, para pasar a acciones efectivas y detener el deterioro de un bien esencial para la vida como el Agua, apoyados en el saber científico y en la participación ciudadana.

Por el Agua, por la salud, por el territorio, y por la vida; y porque ya no les creemos más! ¡El agua no se vende se defiende!

Convocan:
Coordinación por el Agua
CNDAV-Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
FFOSE- Federación de Funcionarios de OSE
Adhieren:
Redes Amigos de la Tierra
Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía
Comisión de vecinas/os en defensa de Laguna del Cisne y Solis Chico
Balneario Arazatí-Agrupación Tucu-Tucu
Comisión por un Canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua
Asamblea Hue Mirî
Movimiento por la Tierra
Federación Estudiantes universitarios del Uruguay
Consejo de la Nación Charrúa Co.Na.Cha.
Red de Huertas Comunitarias del Uruguay
Reserva Natural Bilú Atit
La Red Ambiental Piriápolis y Alrededores
ACAS Asociación de Ambientalistas de Salto
Hum Pampa
No al proyecto Neptuno-Arazatí
Unión Ferroviaria
Movimiento por un Uruguay Sustentable
Clan Rúa la At
Zur Pueblo de voces
La Prensa Amiga
SUMEFAC: Grupo de Trabajo en Salud y Ambiente de la Sociedad Uruguaya de
Medicina Familiar y Comunitaria
Charrúa Antifacista
Alames Uruguay- Asociación Latinoamericana de Medicina Social
Corriente Sindical Clasista del PIT-CNT
Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay
EcoFranciscanas de Uruguay
Frente ambiental Delia Villalba
Red Acuífero Guaraní-Rivera
Grupo Playahermosanatural (Piriápolis- Maldonado).
Plenario intersindical de Tacuarembó.
Our Voice Uruguay
Sociedade Árabe Palestina em Santana do Livramento y Rivera
Pan y Rosas
Paysandú por un Uruguay Soberano- UPM2-NO
Grupo Budismo Comprometido, comunidad EcoShatvas
Rapal Uruguay
Grupo Hué it Guidaí
ADENCH Asociación de descendientes de la nación charrúa
Charrúa Oipik Udimar
Colectivo Ecofeministas Dafnias
Guidaí TEKOA
Red Unión de la Costa