Coordinadora INTERTERRITORAL defiende el DERECHO A HABITAR en Maldonado. MANIFIESTO

 

PRIMER MANIFIESTO

COORDINADORA INTERTERRITORIAL “DERECHO A HABITAR”

 

 

1. La Coordinadora Interterritorial “Derecho a Habitar” está conformada por organizaciones y personas particulares que defendemos el derecho a poseer un espacio de tierra con fines habitacionales, basados en un derecho humano fundamental como es el acceso a la vivienda. Se funda en el Municipio de Piriápolis (Departamento de Maldonado) como respuesta a una embestida en el desalojo de familias y personas de los espacios que habitan, a través de procesos arbitrarios y sin garantías. La Coordinadora Interterritorial “Derecho a Habitar” es una organización social de base, autónoma, horizontal que no responde a ninguna organización político – partidaria.

 

2. En nuestro país existe el derecho posesorio, un recurso legal que establece el Código Civil (Libro Segundo, Título V, art. 646 y siguientes) para disponer de una fracción de tierra en ausencia de los propietarios cuando la propiedad ha caído en el abandono por parte de sus dueños originales (art. 37, ley 18.308) acumulando deudas excesivas de contribución inmobiliaria y generando otras problemáticas a nivel del ordenamiento territorial. Este derecho legal amparado por la norma es ampliamente utilizado, tanto para resolver la situación habitacional propia en los casos de familias y personas que no podrían acceder a través de la compra o alquiler, como para adquirir espacios de tierra con fines especulativos de intereses privados.

 

3. La contradicción jurídica entre la posesión como derecho civilmente amparado y la usurpación como figura penal deja la situación librada a una aplicación ambigua y generalmente punitivista de las normas (contra toda tendencia del derecho internacional) a las personas que, frente a la ineficiencia del Estado para dar respuesta a la problemática en materia de vivienda, resuelven su propia situación habitacional al amparo de las leyes vigentes, con esfuerzo propio y soberanía. Hoy, muchas de estas personas están siendo estigmatizadas, perseguidas y criminalizadas en procesos poco transparentes, a partir de investigaciones irregulares y negligentes, frente a la ausencia de garantías legales que las amparen.

 

Entonces, aquí la incongruencia: tenemos por un lado un derecho que está amparado y promovido por el Código Civil, y que por otro lado es reprimido por una ley de usurpación, que es parte del Código Penal y que formaliza penalmente a quien hace uso de este derecho.

 

4. Estamos frente a una importante problemática social, ya que personas y familias son desalojadas en las puertas del invierno sin alternativas habitacionales. Estamos frente al resquebrajamiento de los entramados socio – territoriales, en tanto se expulsa a personas y familias que construyen lazos con sus comunidades, participando activamente de espacios que apuestan a una mayor y mejor convivencia entre quienes habitan el territorio, desde el desarrollo socio – cultural. Estamos frente a un proceso de elitización de los espacios costeros, que pone en riesgo la diversidad y heterogeneidad social de los espacios comprendidos.

 

5. Es por ello que la Coordinadora Interterritorial “Derecho a Habitar” ha iniciado un proceso de organización y movilización de todas las fuerzas sociales inscritas en el territorio, que compartan la visión de que las personas y familias tenemos derecho a resolver nuestras situaciones habitacionales y que debemos ser amparadas y respaldadas por el Estado, en lugar de perseguidas y criminalizadas por resolver autónomamente una necesidad básica inherente a la naturaleza humana, como es tener una vivienda.

 

Por lo expuesto convocamos a una amplia concentración pacífica el día viernes 21 de Junio a partir de las 16:00 hs en la Plaza Artigas de Piriápolis sobre la siguiente plataforma:

 

• Detener los desalojos invernales: no puede estar quedando gente en la calle, sin soluciones alternativas, en las puertas del invierno.

 

• Exigir una mesa de intercambio con las autoridades responsables tanto de la Intendencia de Maldonado y el Municipio de Piriápolis, como del sistema judicial y la fiscalía, con representantes de la sociedad civil organizada para resolver esta situación a través del diálogo social.

 

EL RESULTADO DE LA TUTELA AL DERECHO DE PROPIEDAD NO PUEDE SEGUIR DEJANDO GENTE EN LA CALLE, EN DETRIMENTO DEL DERECHO A LA VIVIENDA Y CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD PARA TODAS LAS PERSONAS.

 

 

6 de Junio de 2024